La magistrada Isabel Cristina Porras Odriozola rechazó otorgar el amparo contra la resolución del Tribunal Unitario en Materia P3n4l que ratificó la vinculación a proceso del ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle.
Esto, por su presunta responsabilidad en los d3lit0s de asociación d3lictuos4, operaciones con recursos de procedencia !lícit4 y cohecho, al haber recibido sobornos 97 millones 190 mil pesos para aprobar la reforma eléctrica impulsada por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
La magistrada federal consideró que hay datos de prueba suficientes para presumir que sí recibió los sobornos, tal como lo imputó la Fiscalía General de la República (FGR), así como del lavado de 52 millones 390 mil pesos, aunque la FGR señala que tiene información de que el monto puede ser superior.
Ya que además de las 15 entregas de dinero que le hizo el ex secretario de la Comisión de Administración en el Senado, Rafael Jesús Caraveo Opengo al ex senador, Caraveo aseguró que se realizaron otras entregas en diciembre de 2013, en las que no se firmaron recibos y cuyo monto no recuerda.
En su solicitud de amparo, Lavalle Maury alegó que la FGR presentó pruebas !lícit4s, entre las que se encuentra el video donde se ve a Caraveo Opengo recibiendo 12 millones de pesos y que los recibos no debían tener valor, porque no se advierte en estos el nombre de las personas que entregaban y recibían el dinero, ni el concepto por el que se hacía la entrega.
Aseguró que en los recibos sólo se aprecia un “garabato”, pero no delata la identidad de la persona que lo plasmó.
Sin embargo la magistrada desestimó los alegatos de Lavalle, pues encontró “lógico y congruente” el procedimiento, ya que la entrega de numerario no obedecía a una relación contractual o comercial que obligara a que se anotaran los datos de identificación de los intervinientes y el concepto de la operación.
Además de que en la resolución de primera instancia se tuvo por demostrado que la intención de la asociación de legisladores panistas denunciados por Emilio Lozoya, junto con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, y Luis Videgaray Caso, era concretar la reforma constitucional en materia energética:
“Pero no por un deber como servidores públicos, sino por un interés económico que injustamente recibían”.
La FGR asegura que Lavalle recibió 97 millones 100 mil pesos, de diciembre de 2013 a agosto de 2014 como soborno con la finalidad de que él y otros legisladores promovieran y emitieran su voto a favor de la reforma eléctrica.