
Diputados, ex candidatas a gubernaturas, servidores públicos en funciones, los perdedores en las pasadas elecciones y hasta promotores de la llamada cuarta transformación en redes sociales, forman parte de las más de mil 800 personas que se registraron para recabar firmas para la revocación de mandato.
Morena movilizó a sus militantes en todo el país para presentar cientos de solicitudes para la revocación del mandato del Presidente de la República y generar, al menos de arranque, una perspectiva de interés masivo en este ejercicio.
Se trata del compromiso de gobierno número 82 con el que Andrés Manuel López Obrador pretende ser recordado como el primer Presidente en la historia, en dejar en manos del pueblo su permanencia en el poder, aunque desde el año 2019 lo dé como un compromiso cumplido.

Para respaldar al mandatario, quienes cuentan con cargos públicos, o lograron reforzar un liderazgo en las pasadas elecciones en sus entidades; aquellos que perdieron en las urnas y militantes de los partidos aliados llevaron por decenas formatos de intención.
Ningún estado gobernado por Morena se quedó sin participar.
Entre la lista de solicitudes se encuentra la ex candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, quien quedó en tercer lugar el 6 de junio y ahora busca dedicarse a recabar firmas lo que resta del año para que el Presidente aparezca nuevamente en una boleta en marzo próximo.
Otro, es el diputado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles. De personas que actualmente ocupan cargos públicos por Morena, están Zazil Pacheco Pérez, regidora en Torreón y Rocío Arcos Vergara, funcionaria del gobierno morenista de Veracruz.

De igual manera, otros como la organización “Que siga la democracia” encabezada por Gabriela Jiménez, quien compitió por una diputación federal y aunque ganó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló su triunfo.
El Instituto Nacional Electoral (INE) detalló que será hasta este lunes cuando presenten el corte final de registros para dar el mayor tiempo posible a que las Juntas Locales y las Juntas Distritales, sobre todo de los estados más alejados, puedan corroborar el número de solicitudes.