Las sanciones económicas contra funcionarios para recuperar desfalcos y las denuncias pen4l3s por c0rrupc!ón al interior del gobierno federal se elevaron en niveles históricos en lo que va de la actual administración, en comparación con sexenios anteriores.
En dos años y medio, entre 2019 y el primer semestre de 2021, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aplicó sanciones monetarias a servidores y ex servidores públicos federales por más de 2 mil 800 millones de pesos.
Esto es una cifra muy superior a los 56.9 millones de pesos de sanciones de este tipo que, en total, se aplicaron durante los 19 años previos, entre 2000 y 2018.
La diferencia en los montos del actual sexenio frente al monto acumulado de 19 años es de casi el 5 mil por ciento.
Así lo reflejan las cifras del anexo estadístico del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este martes pronunciará un discurso sobre la lucha antic0rrupc!ón al participar en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.
Por otra parte, en dos años y medio, la SFP presentó 750 denuncias p3n4l3s ante la fiscalía antic0rrupc!ón de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 341 funcionarios y ex funcionarios, la mayoría acus4d0s por enriquecimiento !Iíc!t0 y falsificación de documentos.
En el sexenio anterior, las denuncias p3n4l3s presentadas por la SFP ante el ministerio público apenas sumaron 38.
La diferencia en las cifras de denuncias p3n4l3s presentadas ante la FGR es de casi el 2 mil por ciento.
Contra licitantes, proveedores y contratistas, las multas en este sexenio también han sido superiores: en 2019 sumaron mil 450 millones 378 mil 290 pesos, un monto que en 20 años no se había registrado.
A la fecha, las sanciones contra empresas impuestas por la SFP este sexenio suman mil 628 millones 752 mil 405 pesos.
En materia de faltas administrativas graves, la SFP ha identificado que la mayor cantidad de éstas se cometen en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, por lo que los expedientes abiertos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autoridad que debe dictar la sanción correspondiente.