La Interpol (Organización Internacional de Policía Cr!min4l) giró una ficha roja en contra de la conductora Inés Gómez Mont y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que ya son rastreados en más 190 países.
La pareja está acusada de realizar operaciones con recursos de procedencia ilíc!t4 por casi 3 mil millones de pesos y defr4ud4c!ón fiscal, relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
En el sexenio pasado utilizaron empresas que sirvieron para “lavar” activos, ya que simularon facturar luego de que se les adjudicaron contratos y sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la investigación de la FGR se menciona a funcionarios federales directamente involucrados con el abogado y la conductora.
En el mes de septiembre pasado, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia P3n4l Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, otorgó la orden de c4ptur4.
La acus4c!ón que fue presentada ante dicho juez federal y con base en la cual se libró la orden de c4ptur4 concluye hasta el momento con la intervención de la Interpol.
Además, ambos son señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en materia de D3lincu3nci!a Organizada (Femdo), de realizar operaciones con grupos d3lict!vos a través de empresas facturadoras.
En caso de ser detenidos deberán ser encarcelados en dos pr!si0nes diferentes: la pr!s!ón federal; Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, en el estado de México, y ella en la pr!si0n federal femenil que se localiza en Morelos.
Ante este posible escenario, la conductora había emitido un comunicado de prensa el día que se hizo pública la orden de detención en su contra.
“Como lo anticipé en un comunicado anterior, he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de 4preh3ns!ón en mi contra. “Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON”, mencionó en ese momento.