Luego de que no se lograra llegar a un acuerdo entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, para dotar a éste último del criterio de oportunidad, la FGR presentó ante el juez Artemio Zúñiga Mendoza la 4cusac!ón formal y solicitud de cárc3l en contra de Emilio Lozoya.
La FGR pidió al Juez del R3clusori0 Norte de la Ciudad de México ordenar la apertura de juicio oral en contra de Lozoya Austin y que, en caso de ser declarado culpable, se le imponga una pena de 39 años de cárcel, por la suma de los tres d3lit0s que se le imputan al ex funcionario federal.
El escrito de 4cusac!ón señala que en un plazo máximo de cinco días se debe informar a la d3fens4, que a su vez procederá con el descargo de pruebas de los d3lit0s señalados y para los que la fiscalía pide 15 años de pr!s!ón por lavado de activos, 14 años por cohecho y otros 10 por asociación d3lictuos4.
Pero además la fiscalía solicita sancionar a Lozoya Austin con el pago de 5,450 días de multa que, según la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es el equivalente a los montos máximos contemplados por los tres d3lit0s.
Esto debido a que la FGR consideró que debido al nivel jerárquico que tuvo Lozoya dentro del Gobierno cuando dirigía la estatal Pemex, se debe imponer la pena máxima considerada en la ley para los d3lit0s que se le imputan.
Misma razón por la que también demanda el decomiso de la mansión ubicada en Quinta Mar de Ixtapa, Zihuatanejo, adquirida en 2013 bajo el nombre de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, por 1.9 millones de dólares.
Finalmente la FGR pide que le sea reparado el d4ñ0 patrimonial por 7 millones 385 mil dólares, cantidad que se estableció como condición para negociar con el ex funcionario un posible criterio de oportunidad, beneficio que lo convertiría en testigo colaborador y cancelaría el proceso.
La fiscalía toma esta determinación tras año y medio de infructuosas negociaciones con el imputado, quien fue arrestado a comienzos de 2020 en España y extraditado a México como testigo protegido de la Fiscalía a cambio de inculpar a otros políticos.
Pero el pasado 3 de noviembre ingresó en pr!s!ón preventiva a petición del Ministerio Público tras haberle sido descubiertos fondos por más de 3 millones de dólares y planes para intentar evadir la acción de la justicia.